Ley de control de armas: un proyecto ilógico
Por Axel Buchheister, Director Programa Legislativo Libertad y Desarrollo
Fecha edición: 25-03-2004
En el Congreso se encuentra en trámite un proyecto de ley que modifica la ley de control de armas. La inspiración de este proyecto no puede ser más ilógica: como la delincuencia ha venido aumentando de manera sistemática, se hace necesario ejercer mayor control sobre las armas que los ciudadanos poseen legalmente. Por cierto que ninguno de los controles que se establecen afectarán a los delincuentes, quienes, por definición, no cumplen la ley. Peor aún, ahora se sentirán más seguros, porque los ciudadanos tendrán trabas adicionales para defenderse.
Pero, además, cuando se revisa en detalle el proyecto se encuentran normas que no sólo son ilógicas, sino que atentan contra los derechos de los ciudadanos.
Así, se establece que la policía podrá ingresar cuando estime conveniente al domicilio de las personas que tengan un arma registrada, para constatar si la mantiene en ese lugar como ordena la ley. Paradójico, porque si la policía sospecha que alguien tiene un arma robada en su casa, requiere de autorización judicial para ingresar a su domicilio, pero tratándose de ciudadanos que cumplen la ley, la policía puede ingresar a su hogar sin autorización de nadie. En otros términos, se entrega protección y garantías a los delincuentes que no se reconocen a los individuos respetuosos de la ley.
Por otra parte, se dispone que si una persona pierde la aptitud física o psíquica compatible con el uso de armas de fuego, deberá transferir aquellas que posea a otra persona apta. Con esto, al envejecer todas las personas serán privadas de las armas que posean. Esta disposición violenta claramente el derecho de propiedad garantizado en la Constitución, según el cual «nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad», sino en virtud de ley general o especial de expropiación y que en este caso «el expropiado tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado». Se consagra aquí la confiscación de bienes propios bajo el subterfugio de obligar a transferirlos a otro.
Es inaceptable que las leyes se dicten sobre la base de desconfiar de los ciudadanos. Estos no tienen por qué estar sometidos al escrutinio de la autoridad y justificando a priori que no incumplen la ley; menos aún cuando los delincuentes siguen en la calle gozando de las más amplias garantías.